La Ley electoral es antidemocrática e injusta. Contraria al espíritu de la Constitución. Intolerable. No se debe consentir. De mantenerse ésta Ley electoral, España seguiría sin ser una democracia plena -hoy no lo es, porque el Parlamento no representa la voluntad popular-. Dos partidos políticos se arrogan la representación de la voluntad del pueblo, cuando no la tienen, pues más de tres millones de españoles no están representados en el Parlamento o lo están sin que unos votos valgan igual que otros. Es decir, los ciudadanos no son iguales ni tienen los mismos derechos. En las elecciones de 2008, más del 8% de los votos a las candidaturas no tuvieron representación parlamentaria, o la tuvieron sin igualdad. Ello supone que el Gobierno no está elegido democráticamente. Tampoco la oposición. Por lo tanto, el Gobierno salido de ese Parlamento no es democrático, sino impuesto a los españoles.
Las elecciones de 1977, que teóricamente daban fin a la dictadura fascista, se regularon por un Decreto Ley dictado por un gobierno anticonstitucional. Las de 1979, ya con La Constitución aprobada el 29 de diciembre de 1978, se celebraron reguladas por un Real Decreto semejante al primero, a pesar de ser ya constitucionales. Las de 1982 continuaron celebrándose por Decreto Ley que no respetaba el espíritu de la Constitución. El mandato constitucional ordenando que una Ley orgánica regule el sistema electoral, – evidentemente respetando la Constitución- no se cumplió hasta ocho años después de refrendada, mediante, la aprobación de La Ley electoral del 20.04.1986. Sin embargo, esta Ley que aún rige las elecciones en España -después de 33 años-, es una reproducción, en lo fundamental, del primer Decreto Ley dictado por el último Gobierno franquista.
La Ley electoral infringe el Art. 68.3 de La Constitución que establece: “La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional”, después de haber dicho en el punto 1º que los Diputados serán: “elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto”. ¿Dónde está la representación proporcional y el sufragio igual, cuando unos diputados necesitan casi 500.000 votos para ser elegidos y otros nueve veces menos, como el PNV, o 7,26 menos como el PP, o 7,25 menos como el PSOE? ¿Somos iguales ante la Ley todos los ciudadanos? ¿Se respeta el Art. 14 que proclama que “Todos los españoles son iguales ante la Ley”?
Los medios de información públicos, nacionales, autonómicos y locales, discriminan a partidos y ciudadanos cuando el Art. 20.3 sostiene que los medios de comunicación social dependientes de cualquier Ente público garantizarán el acceso a ellos a los grupos sociales y políticos respetando el pluralismo de la sociedad. ¿Se cumple este mandato? Tampoco se respeta el espíritu del Art. 149.1 primero: “El Estado tiene competencia exclusiva: “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos….”
La Ley electoral ni siquiera respeta el Art. 1º de La Constitución: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. ¿Se respeta la igualdad y hay pluralismo político en todos los Parlamentos que ha elegido el pueblo español en los 33 años transcurridos desde que se dio paso de la dictadura a la democracia? El Art. 6º, insiste: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política” ¿Expresan los actuales partidos políticos el pluralismo y la voluntad popular cuando unos necesitan cerca de 500.000 votos y otros solo 51.000 o 66.000? El Art. 9, en su punto 2, exige: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran, sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” La Ley electoral actual está mantenida por los dos partidos mayoritarios. Desatienden toda protesta y exigencia pública, incumpliendo el mandado constitucional de remover los obstáculos -evidentemente en este caso la Ley electoral- que impide y dificulta la plenitud de la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Las nueve elecciones celebradas ya en la actual etapa “democrática” con la aplicación de la injusta Ley electoral ha ido distorsionando, no solo mediante los votos no válidos o irrelevantes, sino también induciendo a los ciudadanos a votar a uno u otro partido de los dos mayoritarios -sobre todo al PSOE- para pretender que su voto fuese “útil”, pues si votaban al partido que libremente consideraban oportuno, ese voto no tendría ninguna validez. Con ese voto “útil” muchos pretendían impedir la mayoría absoluta o el triunfo del partido que consideraban no debían gobernar. Así se ha consolidado el actual bipartidismo imperfecto que, repetimos, no es democrático, y supone que el Parlamento no represente verdaderamente la voluntad del pueblo.
Se podrá alegar que el sistema mayoritario se aplica en algunos países. Cierto, pero en esos países no lo impide una Constitución, mientras que en España el sentido y espíritu de La Constitución lo prohíbe, pues en todo su articulado insiste que debe regir el sistema proporcional, esto es, que un voto es igual a otro voto. Para intentar implantar el sistema mayoritario, habría que cambiar La Constitución, y que ésta, admitiese, en los términos que regula la actual Ley electoral, la aplicación del sistema D’Hondt. ¿Aprobaría el pueblo español en referéndum una Constitución que permitiese que el PNV solo necesite 51.000 votos para tener un Diputado, cuando otros Partidos necesitan casi diez veces más? Cuando el Gobierno reparte 81 millones de Euros entre los partidos políticos, lo hace adjudicándose el PSOE y el PP importantes cantidades, que con unas elecciones democráticas, correspondería en parte a los partidos nacionales minoritarios. Así, el PSOE se ha repartido cada año 1.805.040 Euros que deberían corresponder a Izquierda Unida y 1.098.501 Euros a UPyD. Sin embargo, todos los ciudadanos pagan -o deben pagar- los impuestos, reciban o no de manera justa las subvenciones del Estado a sus partidos. Se infringe el punto 2 del Art. 31 de La Constitución. Más escandaloso aún es el reparto del dinero público a los miembros y votantes del Senado, institución que, además, la mayoría de los españoles consideran innecesaria, o que, debería desempeñar otra función.
Las consecuencias de esta Ley electoral han supuesto, además, que se haya perpetuado las políticas de la corrupción, el despilfarro y la crispación; que partidos y políticos actúen en beneficio propio y no en el interés de España, guiándose únicamente por el oportunismo electoral para así poder alcanzar el poder. Así, para la actual oposición vale “cuanto peor mejor”. Esta es la razón del desprestigio de la política y los políticos, que, por desgracia, anida en la mayoría del pueblo español que mantiene el gravísimo disparate de considerar que los políticos son todos igualmente corruptos, y que da lo mismo votar a unos que a otros o no votar.
La gravedad de este desprestigio de la política, supone también el desprestigio de la democracia. Sencillamente se está fraguando un caldo de cultivo que puede llegar hasta hacer posible la desaparición de la democracia y la implantación de un nuevo fascismo, cualquiera que sea la forma que hoy adopte éste, pero que sin lugar a dudas, será fascismo.
Frente a este estado de cosas, los firmantes de este manifiesto, exigimos a los mal elegidos representantes del Parlamento actual de España, que antes de que se convoque las próximas elecciones de 2012, proceda a cambiar la Ley electoral de 20.01.1986 por una que, al menos, atienda el dictamen del Consejo de Estado, para que esa nueva Ley electoral sea democrática y justa, y en la que todos los ciudadanos seamos iguales y tengamos los mismos derechos a estar representados en el Parlamento.
Pedimos a los ciudadanos que mediante todos los procedimientos legales -absolutamente todos- insten a este Parlamento a cambiar la Ley electoral.
Para firmar y ver las adhesiones:
